Para quien trabaja la Fiscalía?

Fiscalía

Desde hace ya bastantes meses hemos venido escuchando  opiniones diversas sobre la Fiscalía del Estado y algunas de ellas muy críticas de cómo funcionan realmente.  No debemos olvidar que tanto el ministro de justicia como el Fiscal General han sido reprobados por el Parlamento al igual que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix , que al final terminó dimitiendo por su presunta parcialidad en las actuaciones de la operación Lezo. Esta situación verdaderamente  algo fuera de lo común, pero en España, están reprobados y siguen en sus respectivos cargos. El anterior ministro del Interior ya fue reprobado por el congreso de los diputados por el caso de las escuchas de Interior cuando el Gobierno estaba en funciones.

Ahora con el tema de lo que está pasando en Cataluña, nuevamente sale a la palestra el tema de la Fiscalía. Las dudas son las mismas que en los casos anteriores, es decir,  por su presunta parcialidad en las actuaciones.

Este tema viene de lejos. Unos de los casos más sonados ha sido el caso Noos. La infanta Cristina de Borbón y la imputación de su marido han puesto a la Fiscalía en el centro del huracán. Los críticos del caso, manifestaron en varias ocasiones que el Fiscal se comportaba más como el abogado de la infanta que como Fiscal.

 

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El caso Lezo nuevamente puso a la Fiscalía en el ojo del Huracán. Esta vez todas las miradas estaban puestas son el Fiscal Moix.  La Fiscalía General ha tenido que negar que el jefe de Anticorrupción intentara obstaculizar la investigación a González. Moix se opuso a la práctica de un registro durante la Operación Lezo y los dos fiscales del caso apelaron al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, solicitando una reunión de la Junta de Fiscales, donde todos los miembros de Anticorrupción, a excepción de uno, apoyaron el criterio de sus compañeros.  El propio Fiscal general fue reprobado por el congreso, algo bastante poco común, más aún si el fiscal se mantuviera en su cargo a pesar de la reprobación.

No fueron pocos los medios de comunicación que pusieron entre dicho la independencia de la Fiscalía, pero con la renuncia del fiscal Moix, las críticas fueron desapareciendo, no obstante, las dudas sobre el correcto de la fiscalía ya estaban dando vueltas en todos los medios de comunicación.

Es importante hacer notar que la Fiscalía tiene absoluta  independencia del gobierno en el momento de tomar decisiones, sin embargo, los medios de comunicación la han cuestionado, producto de estos casos antes mencionados esta independencia, es más, se supone que existe un cierta parcialidad que favorece al PP.

Veamos, ¿Os parece correcto que sigan en su puesto de trabajo, ministros o fiscales que sean reprobados por el congreso? Se supone que es desde el congreso de donde emana la legitimidad del propio gobierno, por lo  que el significado de la reprobación no es pequeño sino inmenso. Por mucho menos se han marchado de su cargo en otros países tales como Alemania o Inglaterra, pero aquí en España, no pasa absolutamente nada.

Bueno no falta el que dice, que todos los demás gobiernos hacen lo mismo, por lo que nada de que sorprenderse, es decir, las cosas son como son y no se pueden cambiar. Para algunos líderes de la oposición, el gobierno no les quita porque le sirven en sus propósitos.

Lo que nos lleva al siguiente caso, que es la independencia de Cataluña. Tanto la oposición como desde la propia Cataluña se ha indicado que la forma en que el gobierno ha manejado este asunto no es la forma correcta, es decir, el gobierno ha judicializado este tema, que para la oposición es político. Según el Periódico ; “el paso de la justicia constitucional a la justicia criminal es una rotunda expresión de cómo la situación política al respecto de aquel se ha ido enrareciendo y, por decirlo con claridad, degenerando, indicando que los actores independentistas probablemente denunciarán la politización del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, enmarcándolos como órganos represivos del Estado”, que es justamente lo que dicen, tocando nuevamente a la Fiscalía del Estado.

Con la excepción del Fiscal  Moix, los actores son los mismos. El secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, ha defendido que la judicialización de la cuestión catalana “no es la vía de la solución” porque, a su juicio, “va en la línea de echar gasolina a un fuego que cada vez crece más” y con el que el Gobierno de Rajoy ayuda a Artur Más a “incorporar a más independentistas a su causa”. Por eso, Podemos aboga por “hacer lo contrario, tender la mano y sentarnos a dialogar”.

Entendemos al gobierno perfectamente, está muy cómodo en su postura, sabiendo que lleva todas las de ganar dado que para que el Referéndum saliera, la Generalitat se saltó las actuales leyes.  Lo que se cuestiona es la forma en que ha actuado la Fiscalía.

Para jueces por la democracia, estos calificaron  de agresivas y desproporcionadas las actuaciones y declaraciones de la Fiscalía General del Estado contra la celebración de un referéndum independentista en Catalunya.

”Se está acudiendo a medidas totalmente desproporcionadas y se están poniendo en riesgo derechos fundamentales”, dijo el portavoz, Ignacio González Vega, El tema de Catalunya es un tema político, pero desgraciadamente el protagonismo hoy lo están teniendo jueces, fiscales y policías.

Para el portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha considerado que, con la petición de 50 años de cárcel para los acusados por la agresión de Alsasua, la Fiscalía “ha quebrado el principio de proporcionalidad, necesario para que un sistema judicial sea democrático” y ha confiado en que el propio sistema judicial “lo reconduzca”.

“Para que un sistema penal pueda ser homologado a nivel europeo en el marco de las democracias occidentales y pueda gozar de una mínima credibilidad ante la ciudadanía tiene que descansar, necesariamente, sobre un principio de proporcionalidad, que está consagrado en todos los documentos internacionales que hacen referencia a la justicia y al derecho penal”, ha manifestado.

A su juicio, en el caso de Alsasua, la “desproporción” de la petición de la Fiscalía “quiebra radicalmente ese principio de proporcionalidad”. Por ello, ha confiado en que “los mecanismos judiciales contribuyan a corregir esa solicitud inicial, a reconducir el planteamiento, y a situarlo en términos más acordes con el principio de proporcionalidad, más asumibles por la ciudadanía, que tengan una mayor credibilidad y encajen mejor con los estándares de las democracias occidentales”.

 Iberomagazine

This article has 1 Comment

  1. Que se lo pregunten a los estibadores, taxistas, médicos, enfermeras etc y a los bancos con sus puñeteros planes de pensiones.
    Quieren reventar la sociedad del bienestar y sólo tener derechos y bienestar ellos. Creo que no les va ha salir bien.

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